¿Son las Fuerzas Armadas la única reserva moral del país?
La agonía del capitalismo
¿Son las Fuerzas Armadas la única reserva moral del país?
Por Camilo Cifuentes
Quito, octubre 5 de 2010
“Si no era por los militares, esos policías sediciosos capaz que le asesinaban al [Presidente] Correa”. Este fue un comentario que, entre otros similares, se escuchó decir a muchos simpatizantes de Alianza País la noche del jueves 30 de septiembre en la Plaza de la Independencia, luego que conocieron que el Presidente se dirigía a Carondelet.
La clase obrera y el pueblo oprimido del campo y la ciudad, etiquetados ahora por el postmoderno buró político de Alianza País como “ciudadan@s”, palabreja muy útil para borrar de sus memorias su calidad de trabajadores, para enfrentarlos mutuamente y, sobretodo, para ocultar su destino histórico y su rol revolucionario dentro de la sociedad capitalista de clases, confundidos por sus propios “dirigentes”, al parecer creen que solo las Fuerzas Armadas pueden resolver los problemas políticos originados por los conflictos internos que se debaten dentro de la clase dominante. Pues no. Si bien la “Revolución Ciudadana” está haciendo aparentemente bien su trabajo de embuste y mentira, la historia demostrará que es más fuerte que cualquier movimiento político, y más temprano que tarde el albañil junto al físico nuclear, y con todos cuantos venden su fuerza de trabajo para subsistir, comprenderán su rol revolucionario dentro de la sociedad y, como proletarios internacionales, lucharán por resolver sus necesidades desde la lucha de clases.
El gobierno ha dicho que la democracia liberal burguesa que practica tambaleó el jueves 30 de septiembre. Pero la democracia que hoy se ejerce en el Ecuador y el mundo, no es más que una dictadura para la clase trabajadora del campo y la ciudad, para todos cuantos viven solo de su fuerza laboral, impulsada desde la clase dominante, la cual si goza de democracia plena para realizar sus negocios con el Estado capitalista. Por eso, es preciso preguntar, ¿cómo pudo tambalear esta democracia si aún nadie ha intentando siquiera sacudirla, menos derribarla, para establecer una democracia obrera, desde la clase trabajadora del campo y la ciudad?
El intento de asesinato perpetrado contra el Presidente Correa, por francotiradores policiales, indica claramente la desesperación que existe en la CIA porque un ala fascista de la derecha ecuatoriana retome el poder político del país, para lo cual no tiene asco en utilizar a títeres como Lucio Gutiérrez, pues la política de beneficencia que lleva adelante el régimen de Correa, si bien ayuda a desmovilizar políticamente a los trabajadores, no es capaz de realizar una extracción más salvaje de la plusvalía, como ellos quieren, para beneficiar la acumulación rápida de capital a nivel nacional e internacional.
La caída monumental de la economía capitalista mundial que ha perdido más de tres trillones de dólares y que hoy se encuentra entre el estancamiento y la deflación por sostener burbujas de prosperidad financiera basadas en el chulco y no en el valor que da el trabajo humano, ha incidido en la economía nacional y ha mermado las ganancias de los capitalistas nativos y foráneos. La única posibilidad que tienen los capitalistas de resarcirse en algo es apelando a la vieja fórmula: programas de ajuste neoliberal y cortes abruptos en los presupuestos sociales, tal como lo ejecutan los gobiernos de Europa y Estados Unidos. Pero para ejecutar este plan macabro deben tomar nuevamente el control del Estado capitalista, deben tener en sus manos el gobierno.
Correa ha sido útil para desmantelar toda organización proletaria seria que ha podido mantener una lucha de clases desde los sectores más estratégicos de la economía nacional. El gobierno de Alianza País, encabezado por la agrupación Ruptura 25, cuestionada por recibir contribuciones económicas desde USAID, irrumpió en la arena política nacional para afianzar el sistema capitalista que se encontraba totalmente desprestigiado por cuanto la clase dominante nativa, súbdita del imperialismo yanqui, implantó políticas neoliberales para extraer salvajemente los recursos naturales, asesinando no solo a trabajadoras y trabajadores, sino incluso a tod@s cuant@s defendían la naturaleza y la vida. Alberto Acosta, en una entrevista que le realizara diario Expreso como ministro de Energía y Minas del gobierno verde desteñido, indicó que “es evidente que los donantes internacionales tienen agendas claras a escala global como las impuestas por el FMI y Banco Mundial, pues la cooperación no siempre es desinteresada”.
Una vez que la “larga noche neoliberal” ha sido protegida por Alianza País de sanciones proletarias revolucionarias; luego que su gabinete -una fanesca política que contiene desde fascistas a teólogos de la liberación, enemigos todos del socialismo científico-, ha trabajado con tesón para que los partidos y movimientos de izquierda no se diferencien en nada con los de la derecha -faena lograda totalmente; y después que Correa, desde el púlpito sabatino, ha vilipendiado la lucha de clases y el materialismo científico, y desde la práctica social cristiana ha desprestigiado la huelga y el socialismo; la CIA, junto a las transnacionales donantes de la campaña presidencial, han visto la necesidad de reemplazar a este buen empleado del capital.
Lo sucedido el jueves 30 de septiembre fue una bomba de ensayo para medir las relaciones de fuerza que existe actualmente en el Ecuador. Una vez más y como manda la Ley de Seguridad Nacional, el Presidente contó con el asesoramiento y la colaboración directa del Consejo de Seguridad Nacional y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para “el estudio y solución de los problemas relacionados con Seguridad Nacional”. ¿Acaso ahí no se planeó “la organización, preparación y empleo militar de la Policía Nacional para la seguridad interna, como Fuerza Auxiliar”?
Aún cuando la Constitución de 1998 realizó algunas precisiones y puso algunos límites a su aplicación, la Ley de Seguridad Nacional, promulgada en 1979 para garantizar inmunidad total a la dictadura militar que por entonces daba paso a la “democracia”, mantiene aún que las Fuerzas Armadas [el aparato de terror del Estado capitalista] son las garantes de la democracia y el ordenamiento jurídico; son las defensoras de la integridad e independencia del Estado; son las colaboradoras e intervinientes en los demás aspectos ligados con la seguridad nacional, incluyendo el desarrollo del país en el marco de la defensa de la propiedad privada.
A pesar que las Fuerzas Armadas se convirtieron en guardias privadas contratadas por las transnacionales petroleras o mineras, esta Ley las ubica como la única reserva moral del país, como la garante de la vigencia de la democracia, en menosprecio claro de los organismos de la misma democracia liberal y de la soberanía popular. Por tanto, las Fuerzas Armadas [compuesta por militares adiestrados en la “Escuela de las Américas”, donde el 30% del entrenamiento era técnico, incluyendo manuales de tortura, y el 70% adoctrinamiento anticomunista] continúan sancionando y dirimiendo en la vida política, económica y social del país, y deciden quien se va de Carondelet y quien ingresa como Presidente. Es decir, las Fuerzas Armadas aún continúan siendo un estado sobre el estado ecuatoriano.
Seguramente lo sucedido el jueves 30 de septiembre es una lección para Alianza País. Pero debe serlo también para la clase trabajadora ecuatoriana y latinoamericana. Si no se construye cuanto antes un genuino liderazgo revolucionario, independiente de la clase dominante y de la clase media, que luche abiertamente por liquidar jurídicamente la propiedad privada de los medios sociales de producción, a las fuerzas armadas y a la policía nacional, por entregar toda la tierra fértil a los pueblos ancestrales y a los campesinos pobres, así como los medios de producción a sus trabajadores, y por planificar conciente y racionalmente la economía nacional para eliminar definitivamente la inequidad social, implantando un gobierno obrero-campesino-indígena, basado en un ejército popular, en los próximos días veremos a cualquier grupo fascista de la clase dominante, que sea del agrado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y que tenga relaciones económicas con éste, conduciendo la política nacional, ya no sobre los cadáveres de seis u ocho personas, sino sobre cementerios proletarios.
¿Son las Fuerzas Armadas la única reserva moral del país?
Por Camilo Cifuentes
Quito, octubre 5 de 2010
“Si no era por los militares, esos policías sediciosos capaz que le asesinaban al [Presidente] Correa”. Este fue un comentario que, entre otros similares, se escuchó decir a muchos simpatizantes de Alianza País la noche del jueves 30 de septiembre en la Plaza de la Independencia, luego que conocieron que el Presidente se dirigía a Carondelet.
La clase obrera y el pueblo oprimido del campo y la ciudad, etiquetados ahora por el postmoderno buró político de Alianza País como “ciudadan@s”, palabreja muy útil para borrar de sus memorias su calidad de trabajadores, para enfrentarlos mutuamente y, sobretodo, para ocultar su destino histórico y su rol revolucionario dentro de la sociedad capitalista de clases, confundidos por sus propios “dirigentes”, al parecer creen que solo las Fuerzas Armadas pueden resolver los problemas políticos originados por los conflictos internos que se debaten dentro de la clase dominante. Pues no. Si bien la “Revolución Ciudadana” está haciendo aparentemente bien su trabajo de embuste y mentira, la historia demostrará que es más fuerte que cualquier movimiento político, y más temprano que tarde el albañil junto al físico nuclear, y con todos cuantos venden su fuerza de trabajo para subsistir, comprenderán su rol revolucionario dentro de la sociedad y, como proletarios internacionales, lucharán por resolver sus necesidades desde la lucha de clases.
El gobierno ha dicho que la democracia liberal burguesa que practica tambaleó el jueves 30 de septiembre. Pero la democracia que hoy se ejerce en el Ecuador y el mundo, no es más que una dictadura para la clase trabajadora del campo y la ciudad, para todos cuantos viven solo de su fuerza laboral, impulsada desde la clase dominante, la cual si goza de democracia plena para realizar sus negocios con el Estado capitalista. Por eso, es preciso preguntar, ¿cómo pudo tambalear esta democracia si aún nadie ha intentando siquiera sacudirla, menos derribarla, para establecer una democracia obrera, desde la clase trabajadora del campo y la ciudad?
El intento de asesinato perpetrado contra el Presidente Correa, por francotiradores policiales, indica claramente la desesperación que existe en la CIA porque un ala fascista de la derecha ecuatoriana retome el poder político del país, para lo cual no tiene asco en utilizar a títeres como Lucio Gutiérrez, pues la política de beneficencia que lleva adelante el régimen de Correa, si bien ayuda a desmovilizar políticamente a los trabajadores, no es capaz de realizar una extracción más salvaje de la plusvalía, como ellos quieren, para beneficiar la acumulación rápida de capital a nivel nacional e internacional.
La caída monumental de la economía capitalista mundial que ha perdido más de tres trillones de dólares y que hoy se encuentra entre el estancamiento y la deflación por sostener burbujas de prosperidad financiera basadas en el chulco y no en el valor que da el trabajo humano, ha incidido en la economía nacional y ha mermado las ganancias de los capitalistas nativos y foráneos. La única posibilidad que tienen los capitalistas de resarcirse en algo es apelando a la vieja fórmula: programas de ajuste neoliberal y cortes abruptos en los presupuestos sociales, tal como lo ejecutan los gobiernos de Europa y Estados Unidos. Pero para ejecutar este plan macabro deben tomar nuevamente el control del Estado capitalista, deben tener en sus manos el gobierno.
Correa ha sido útil para desmantelar toda organización proletaria seria que ha podido mantener una lucha de clases desde los sectores más estratégicos de la economía nacional. El gobierno de Alianza País, encabezado por la agrupación Ruptura 25, cuestionada por recibir contribuciones económicas desde USAID, irrumpió en la arena política nacional para afianzar el sistema capitalista que se encontraba totalmente desprestigiado por cuanto la clase dominante nativa, súbdita del imperialismo yanqui, implantó políticas neoliberales para extraer salvajemente los recursos naturales, asesinando no solo a trabajadoras y trabajadores, sino incluso a tod@s cuant@s defendían la naturaleza y la vida. Alberto Acosta, en una entrevista que le realizara diario Expreso como ministro de Energía y Minas del gobierno verde desteñido, indicó que “es evidente que los donantes internacionales tienen agendas claras a escala global como las impuestas por el FMI y Banco Mundial, pues la cooperación no siempre es desinteresada”.
Una vez que la “larga noche neoliberal” ha sido protegida por Alianza País de sanciones proletarias revolucionarias; luego que su gabinete -una fanesca política que contiene desde fascistas a teólogos de la liberación, enemigos todos del socialismo científico-, ha trabajado con tesón para que los partidos y movimientos de izquierda no se diferencien en nada con los de la derecha -faena lograda totalmente; y después que Correa, desde el púlpito sabatino, ha vilipendiado la lucha de clases y el materialismo científico, y desde la práctica social cristiana ha desprestigiado la huelga y el socialismo; la CIA, junto a las transnacionales donantes de la campaña presidencial, han visto la necesidad de reemplazar a este buen empleado del capital.
Lo sucedido el jueves 30 de septiembre fue una bomba de ensayo para medir las relaciones de fuerza que existe actualmente en el Ecuador. Una vez más y como manda la Ley de Seguridad Nacional, el Presidente contó con el asesoramiento y la colaboración directa del Consejo de Seguridad Nacional y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para “el estudio y solución de los problemas relacionados con Seguridad Nacional”. ¿Acaso ahí no se planeó “la organización, preparación y empleo militar de la Policía Nacional para la seguridad interna, como Fuerza Auxiliar”?
Aún cuando la Constitución de 1998 realizó algunas precisiones y puso algunos límites a su aplicación, la Ley de Seguridad Nacional, promulgada en 1979 para garantizar inmunidad total a la dictadura militar que por entonces daba paso a la “democracia”, mantiene aún que las Fuerzas Armadas [el aparato de terror del Estado capitalista] son las garantes de la democracia y el ordenamiento jurídico; son las defensoras de la integridad e independencia del Estado; son las colaboradoras e intervinientes en los demás aspectos ligados con la seguridad nacional, incluyendo el desarrollo del país en el marco de la defensa de la propiedad privada.
A pesar que las Fuerzas Armadas se convirtieron en guardias privadas contratadas por las transnacionales petroleras o mineras, esta Ley las ubica como la única reserva moral del país, como la garante de la vigencia de la democracia, en menosprecio claro de los organismos de la misma democracia liberal y de la soberanía popular. Por tanto, las Fuerzas Armadas [compuesta por militares adiestrados en la “Escuela de las Américas”, donde el 30% del entrenamiento era técnico, incluyendo manuales de tortura, y el 70% adoctrinamiento anticomunista] continúan sancionando y dirimiendo en la vida política, económica y social del país, y deciden quien se va de Carondelet y quien ingresa como Presidente. Es decir, las Fuerzas Armadas aún continúan siendo un estado sobre el estado ecuatoriano.
Seguramente lo sucedido el jueves 30 de septiembre es una lección para Alianza País. Pero debe serlo también para la clase trabajadora ecuatoriana y latinoamericana. Si no se construye cuanto antes un genuino liderazgo revolucionario, independiente de la clase dominante y de la clase media, que luche abiertamente por liquidar jurídicamente la propiedad privada de los medios sociales de producción, a las fuerzas armadas y a la policía nacional, por entregar toda la tierra fértil a los pueblos ancestrales y a los campesinos pobres, así como los medios de producción a sus trabajadores, y por planificar conciente y racionalmente la economía nacional para eliminar definitivamente la inequidad social, implantando un gobierno obrero-campesino-indígena, basado en un ejército popular, en los próximos días veremos a cualquier grupo fascista de la clase dominante, que sea del agrado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y que tenga relaciones económicas con éste, conduciendo la política nacional, ya no sobre los cadáveres de seis u ocho personas, sino sobre cementerios proletarios.
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